Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de Diputados,

Que la Iglesia Episcopal reafirme su compromiso de larga duración, como se asumió recientemente en la resolución 2022-D024 de la Convención General (Oponerse a la Asistencia Militar de EE. UU. a Países que Violan los Derechos Humanos), con el apoyo a los derechos humanos en nuestros propios países y en todo el mundo, y con la garantía de que la asistencia militar y la venta de armas de Estados Unidos no se utilicen para perpetuar conflictos, violar los derechos humanos o contribuir a la corrupción, la inestabilidad o la violencia en cualquier país del mundo; y asimismo

Se resuelve, Que la Iglesia Episcopal apoye la aplicación de políticas que garanticen que la asistencia militar del gobierno de EE. UU. al estado de Israel esté condicionada a la adhesión al derecho humanitario internacional y a estatutos de EE. UU. como la Ley de Ayuda Exterior de 1961, según sus enmiendas, la cual dispone que las armas y tecnologías militares de EE. UU. no se utilicen para violar los derechos humanos ni para cometer crímenes de guerra en ninguna parte del mundo, incluidos los territorios de Israel y Palestina; y asimismo

Se resuelve, Que la Iglesia Episcopal apoye políticas para asegurar que la asistencia del gobierno de EE. UU. al estado de Israel y a las autoridades palestinas esté condicionada a compromisos concretos: el cese de los ataques a los blancos civiles y cese al fuego permanente; asistencia humanitaria eficaz para las poblaciones civiles afectadas, que incluya hospitales seguros y completamente reabastecidos; la liberación de todos los rehenes detenidos sin autoridad legal y de los prisioneros detenidos sin cargos ni condenas, en violación del derecho internacional; y medidas cuantificables hacia un acuerdo de paz negociado para poner fin a la ocupación y la violencia en todos los bandos, reconstruir las zonas devastadas por la guerra y garantizar la seguridad a largo plazo, los derechos civiles y la autodeterminación tanto de israelíes como de palestinos; y asimismo

Se resuelve, Que la 81ª Convención General aliente a todos los episcopales a unirse a otros cristianos, judíos, musulmanes y personas de todas las religiones para apoyar los objetivos políticos antes mencionados; y asimismo

Se resuelve, Que la 81ª Convención General pida a la Oficina de Relaciones Gubernamentales y a la Red Episcopal de Políticas Públicas que promuevan los objetivos políticos arriba mencionados.

Que la Iglesia Episcopal reafirme su compromiso de larga duración, como se asumió recientemente en la resolución 2022-D024 de la Convención General, con el apoyo a los derechos humanos en nuestros propios países y en todo el mundo, y con la garantía de que la asistencia militar y la venta de armas de Estados Unidos no se utilicen para perpetuar conflictos, violar los derechos humanos o contribuir a la corrupción, la inestabilidad o la violencia en cualquier país del mundo; y asimismo

Se resuelve, Que la Iglesia Episcopal apoye políticas que garanticen que la ayuda militar del gobierno de EE. UU. al estado de Israel esté condicionada a la adhesión al derecho internacional humanitario, con disposiciones que garanticen que las armas y tecnologías militares de EE. UU. no se utilicen para violar los derechos humanos ni para cometer crímenes de guerra en cualquier parte del mundo, incluidos Israel y los territorios palestinos; y asimismo

Se resuelve, Que la Iglesia Episcopal apoye las políticas para sancionar (por ejemplo, con restricciones bancarias o de visas) a las organizaciones y personas de ambos lados del conflicto palestino israelí que instiguen, apoyen o lleven a cabo ataques violentos contra civiles o sus propiedades; y asimismo

Se resuelve, Que la Iglesia Episcopal apoye políticas para asegurar que la asistencia del gobierno de EE. UU. al estado de Israel y a las autoridades palestinas esté condicionada a compromisos concretos de cese permanente del fuego y asistencia humanitaria eficaz para las poblaciones civiles afectadas, liberación de todos los rehenes detenidos ultra vires y de los prisioneros detenidos sin cargos ni condena en violación del derecho internacional, y medidas cuantificables hacia un acuerdo de paz negociado para poner fin a la ocupación y la violencia en todos los bandos, reconstruir las zonas devastadas por la guerra y garantizar la seguridad a largo plazo, los derechos civiles y la autodeterminación tanto de israelíes como de palestinos.