A los Diputados y Obispos de la Iglesia Episcopal reunidos en la 81ª Convención General:

El Grupo de Jóvenes Adultos de la Convención General expresa su grave preocupación por el estado actual de nuestros Cánones disciplinarios del Título IV y la aplicación incoherente de los Cánones que se ha observado en toda la Iglesia durante muchos años. Recientemente, una serie de asuntos de alto perfil relacionados con el Título IV, en los que se han visto implicados Obispos, han llamado la atención de la Iglesia sobre la labor que aún queda por hacer para mantener la seguridad de nuestra Iglesia. Sin embargo, debemos señalar que el Título IV no siempre se aplica de forma coherente también a los presbíteros y diáconos, con efectos igualmente perjudiciales. El Grupo toma nota de la declaración que hizo el Obispo Presidente el 5 de septiembre de 2023 sobre la seguridad y la responsabilidad de la Iglesia, pero afirma respetuosamente que simplemente remitir estos asuntos a la Comisión Permanente sobre Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones sin que la Convención General le dé una orientación detallada no es suficiente para restaurar la confianza en la disciplina clerical y la seguridad de la Iglesia. Instamos a la Iglesia a que adopte un doble enfoque para mejorar el Título IV, en el que pida una acción tanto por parte de los Obispos de la Iglesia como por parte de la Convención General y sus organismos subsidiarios.

Ante todo, instamos a los Obispos de la Iglesia, así como a todos los que desempeñan diversas funciones en el marco del Título IV, a que hagan su mejor esfuerzo por cumplir fielmente sus deberes Canónicos descritos en los Cánones. Hemos observado con demasiada frecuencia que no se cumplen las disposiciones del Canon IV.7.3, el cual otorga a los Obispos el poder de restringir el ministerio de un clérigo o de otorgar un Permiso Administrativo de Ausencia cuando existe una preocupación razonable por la seguridad y el bienestar de la Iglesia. Cuando se cumplen, estas disposiciones suelen ejecutarse con retraso. Instamos a los Obispos de toda la Iglesia a dar prioridad a la seguridad y protección de nuestra Iglesia ante todo, y a utilizar los poderes que les otorgan los Cánones de manera protectora siempre que haya motivos para creer que un Clérigo ha cometido una infracción debido a la cual puedan suponer de manera razonable que el bienestar de la Iglesia, de la persona o de cualquier comunidad puede verse amenazado por el Acusado. Corresponde a la Iglesia tomar rápidamente todas las medidas de precaución posibles para garantizar que la misma Iglesia y nuestras comunidades sean espacios seguros para todas las personas.

También hacemos un llamado a la Iglesia para que considere la respuesta pastoral como una parte de la reconciliación y la responsabilidad, y no como su suma total. En particular, instamos a la Iglesia a que no utilice las respuestas pastorales como la única disposición para los casos en los que se alegue y corrobore una conducta sexual inapropiada. También instamos a la Iglesia a proporcionar una mayor atención pastoral a los Demandantes en el Título IV, señalando que esto se indica en el Canon IV.8.1-2, pero a menudo no se sigue. Hemos observado, con demasiada frecuencia, que se hace hincapié en proteger la reputación de la Iglesia y en proporcionar gracia al Acusado en lugar de proporcionar apoyo y justicia a los Demandantes. Aunque reconocemos la importancia de la gracia y el perdón en el Evangelio y en nuestra Iglesia, debemos darnos cuenta de que la justicia, la responsabilidad y la gracia no se excluyen mutuamente, sino que son elementos de suma importancia para la sanación y la reconciliación.

En segundo lugar, pedimos a la 81ª Convención General que proporcione orientación específica a la Comisión Permanente sobre Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones acerca de qué cambios desea ver por parte de la Comisión Permanente. Cualquier Cambio Canónico importante en el Título IV llevará muchos años, y es importante que la Convención General le dé instrucciones a la Comisión Permanente sobre las reformas específicas que desea ver. Tememos que, sin una orientación específica de la Convención General, la Comisión Permanente quizás no pueda generar los cambios canónicos que la Iglesia necesita para restaurar la fe en la seguridad de la Iglesia y en la eficacia de la disciplina clerical.

Específicamente, instamos a la Convención General a discernir en oración las posibles propuestas para fortalecer las áreas débiles dentro del Título IV respecto a la función del Gestor. Hemos observado, con demasiada frecuencia, que los Gestores no siguen el Canon IV.6.7 al no limitar su determinación a la pregunta: “Si la denuncia es cierta, ¿constituiría una ofensa?” Por el contrario, observamos que a menudo llevan a cabo sus propias investigaciones y otras acciones fuera de su Ámbito Canónico. Deberíamos discernir cómo abordar esta debilidad y considerar la posibilidad de una Gestoría en toda la Iglesia para todas las denuncias, y no solo para las presentadas contra los Obispos.

Además, instamos a la Iglesia, a través de los organismos de la Convención General, a discernir el valor de los gestores de terceros, particularmente los especializados en esta área, como Godly Response to Abuse in the Christian Environment (GRACE) u otras organizaciones similares, a fin de proporcionar una mayor confianza en la integridad del proceso del Título IV, en particular en la gestoría inicial.

También alentamos a la Convención General a revisar el Canon IV.19.30.d relacionado con el Requisito Canónico de una base de datos para dar seguimiento a las Denuncias del Título IV, específicamente el Canon IV.19.30.d.3, que prohíbe que dicha base de datos incluya a los acusados. Es vital que las comunidades religiosas de toda nuestra Iglesia estén al corriente de cualquier determinación sustentada en el Título IV contra un Clérigo al considerar si invitar o no a dicha persona a desempeñar una función pastoral en su comunidad. Es imperativo para la seguridad de la Iglesia que dicha base de datos exista y sea accesible de forma responsable. Instamos a la Convención General a discernir los mejores pasos a seguir para recomendarlos a la Comisión Permanente sobre Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones.

Por último, dadas las obligaciones específicas del Obispo Presidente en los procesos del Título IV en relación con los obispos, tenemos una oportunidad única de dar prioridad a estas preocupaciones durante la elección de nuestro próximo Obispo Presidente. Con este fin, pedimos a la Convención General, a través del Comité Nominador Conjunto para la Elección del Obispo Presidente, que pregunte a todos los posibles nominados acerca de sus puntos de vista sobre la salvaguardia de la Iglesia, sus enfoques anteriores sobre el Título IV y sus planes para ejercer los poderes de la Oficina del Obispo Presidente a fin de promover aún más la salvaguardia y la sanación en la Iglesia.

Este grupo no pretende tener todas las respuestas sobre la reforma del Título IV, pero estamos seriamente preocupados por las revelaciones, pasadas y presentes, que demuestran casos en los que el Título IV ha fracasado al proteger a nuestra Iglesia y la fe de nuestras comunidades a las que amamos y servimos. Reconocemos y condenamos las experiencias negativas que demasiadas personas han tenido que soportar, y lamentamos el abandono de muchas de nuestras comunidades religiosas a causa de las mismas. Nos corresponde a nosotros, como líderes de la Iglesia, asegurarnos de mejorar, tomando estas medidas ahora y asegurándonos de que conduzcan a cambios concretos en el futuro. Instamos a la Iglesia a hacer la difícil labor de reflexionar sobriamente sobre nuestro proceso del Título IV, identificando cómo podemos seguir mejor los Cánones existentes, y a considerar cómo mejorar los Cánones para proporcionar una mejor protección y justicia para todos. Debemos tener una comunidad de fieles en la que todos se sientan seguros y tengan la certeza de que se responderá a cualquier acto inapropiado con una combinación adecuada de gracia, responsabilidad y justicia. Al actuar ahora, tenemos la oportunidad de generar confianza en nuestra Iglesia y de demostrar cómo nos preocupamos los unos por los otros.

Atentamente,

Nathan Brown, Diputado Laico, Diócesis de Washington (en nombre de El Grupo de Jóvenes Adultos de la Convención General)

Recomendada por:

Eva Warren, Diputada Laica, Diócesis de Ohio
Kevin Miller, Diputado Laico, Diócesis de Massachusetts

Con el apoyo de:

El Grupo de Jóvenes Adultos de la Convención General